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Bolivia: percepciones de la población sobre la corrupción en los servicios públicos

Este sonde se realizó en enero y Febrero de 1998, y abarcó 6.851 hogares de 50 comunidades en todo el país. Los objetivos de la encuesta eran cuantificar las dimensiones del problema, identificar las áreas más problemáticas, solicitar recomendaciones para cambiar la situación, y proporcionar datos para evaluar el progreso del Plan Nacional. El Instituto Nacional de Estadística seleccionó a las 50 áreas centinela. Tres de cada cuatro hogares consideraban que la corrupción en los servicios públicos era seria o muy seria.

Según las comunidades, la policía es el servicio que requiere el mayor nivel de reformas en cuanto a la corrupción. Para disminuir la corrupción policíaca, propusieron mejorar la supervisión, realizar cambios de personal con mejor entrenamiento, y mejorar los salarios. En las regiones rurales sugirieron que los jefes de las comisarías locales fuesen electos, lo cual los obligaría a trabajar con otras autoridades locales.

Una de cada cuatro personas tuvo que pagar un soborno durante su transacción oficial más reciente, como obtener una partida de nacimiento, o pagar tasas o impuestos. Una de cada cuatro personas también empleó un intermediario para que la transacción concluyera con éxito. Paradójicamente, quienes que se sirvieron de un intermediario tenían mayores probabilidades de verse obligados a pagar un soborno que aquellos que no lo hicieron. Las personas que contrataron abogados también tenían mayores probabilidades de tener que presentarse ante las autoridades más a menudo para concretar sus transacciones. Esto se explica parcialmente por el hecho de que los asuntos legales más serios tendían a requerir más apoyo legal profesional. Sin embargo, también indica que los abogados se ven implicados en la corrupción ‘pequeña’ que forma parte de los servicios administrativos y legales: quienes empleaban los servicios de un abogado tendían a tener que pagar sobornos más a menudo que quienes no lo hacían. Este efecto cundía más en las áreas rurales.

Un 69% de la gente dijo que recibían poca orientación o información sobre cómo resolver sus transacciones. Quienes recibían información tenían una leve ventaja, particularmente con relación al tiempo que tenían que dedicarle al proceso. Esto implica que no sólo es necesario extender el proceso de orientación, sino que también deben observarse detalladamente los contenidos con tal de optimizar la información que reciben las comunidades.

El informe también se encuentra disponible en la Biblioteca.